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Noticia

9 de diciembre de 2025
La Formación Profesional (FP) se erige como el pilar fundamental para afrontar los retos de la sostenibilidad medioambiental y la transición verde en España, según el último informe del Observatorio de la FP, elaborado por CaixaBank Dualiza junto a Orkestra Instituto Vasco de Competitividad.
El estudio, pionero en su enfoque, demuestra que más del 60% de las ocupaciones verdes prioritarias identificadas en el país dependen directamente de titulaciones de FP, lo que convierte a este sistema educativo en el motor estratégico para la transformación productiva y la cohesión social en todo el territorio nacional.
Por primera vez, el informe realiza un mapeo exhaustivo para identificar las competencias verdes necesarias con el objetivo de llevar a cabo la transición verde, identificando 312 esenciales para que 71 ocupaciones prioritarias desplieguen todo su potencial y 60 ciclos formativos tractores de FP que les proveen de profesionales.
Más de la mitad de esas 312 competencias podrían agruparse en alguna de las tres temáticas siguientes: Conservación de la naturaleza; Normativa y políticas medioambientales, financiación, concienciación; y Gestión de residuos y prevención de riesgos.
Esta radiografía competencial proporciona una base sólida para orientar políticas educativas, laborales y sectoriales en clave de sostenibilidad, y permite identificar con precisión las necesidades reales del mercado laboral verde. Además, señala la necesidad de adaptar las cualificaciones profesionales a las nuevas demandas derivadas de la transición energética, la economía circular o la gestión eficiente de los recursos o residuos.
Para ello, retoma los pasos del informe anterior, identificando las cadenas de valor clave para la transición medioambiental, y agrupándolas en seis sectores estratégicos (sector energético, transporte, industria manufacturera, construcción, agroalimentación o gestión de residuos), en las que las competencias verdes tendrán un impacto directo. En todas esas cadenas de valor, la implantación de nuevas normativas medioambientales, la digitalización de procesos y la automatización están generando una profunda transformación de los perfiles profesionales, lo que requiere una actualización constante de los programas formativos y una estrecha colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial.
De hecho, entre esas competencias transversales más demandadas están aquellas que abarcan desde conocer la normativa de salud y seguridad, implantar procedimientos de salud y seguridad en la construcción, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, hasta el ahorro de energía, la gestión de residuos o el control de la calidad del agua.
En todas ellas se evidencia el papel protagonista de la Formación Profesional para garantizar una transición verde inclusiva y equitativa, ya que no solo prepara a los futuros profesionales, sino que también ofrece instrumentos de recualificación y actualización de competencias para trabajadores en activo, contribuyendo así a la resiliencia del tejido económico frente a los desafíos ambientales y tecnológicos.
Transformación de ocupaciones existentes
Entre las principales conclusiones del informe destaca, además, la necesidad de consolidar una estrategia nacional que integre las políticas de educación, empleo e industria bajo un enfoque común de sostenibilidad medioambiental. Esta estrategia debería reforzar la formación de tutores de empresa, promover la innovación educativa y potenciar la colaboración público-privada para acelerar la adaptación de los programas formativos de los ciclos a los nuevos requerimientos de competencias verdes del mercado y de las ocupaciones a las que proveen de profesionales.
El estudio también advierte de que la transición verde no solo generará nuevas ocupaciones, sino que transformará de manera significativa las existentes. Esta evolución refuerza el papel de la FP como herramienta para anticipar el cambio y facilitar la adaptación de los trabajadores a los nuevos entornos laborales. Además, su capilaridad territorial la convierte en un instrumento esencial para una transición justa, al facilitar oportunidades formativas en regiones, y en colectivos vulnerables, reduciendo brechas y contribuyendo a la cohesión social.
Para lograrlo plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer el papel de la Formación Profesional como eje vertebrador de la transición medioambiental en España. Entre las principales líneas de actuación, se propone una revisión curricular de los ciclos formativos para identificar y actualizar las competencias verdes derivadas de este estudio que no se están desarrollando, priorizando aquellas vinculadas al cumplimiento normativo, la conservación ambiental y la digitalización verde. También se destaca la necesidad de impulsar procesos de upskilling y reskilling verde en las empresas y en los sectores de mayor intensidad ambiental, garantizando una transición justa que favorezca la adaptación del talento profesional y la incorporación de mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables a las nuevas ocupaciones medioambientales sostenibles.
Asimismo, el informe subraya la importancia del desarrollo profesional docente y del fortalecimiento de la FP Dual intensiva verde como vía para adquirir competencias aplicadas en contextos reales de aprendizaje. Propone, además, una gobernanza colaborativa entre Administración, empresas y centros formativos que permita adaptar la coherencia entre empleo, formación y sostenibilidad, y facilitar la integración de las competencias verdes en los currículos. De modo paralelo, propone que el módulo transversal de sostenibilidad priorice la enseñanza de las competencias verdes correspondiente al ciclo en el que se desarrolla, y visibilizar el papel estratégico de la FP en la economía verde mediante acciones de comunicación y divulgación que pongan en valor su contribución al desarrollo sostenible y la cohesión social.