La proporción de titulados en formación profesional se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas en España, y con la crisis económica, ha aumentado también la proporción de estudiantes, debido a que el paro ha bajado el coste de oportunidad para estudiar. El aumento de los titulados en formación profesional no ha supuesto su devaluación, ni en términos de competencias ni en términos de tasa de empleo en relación con el resto de los niveles educativos. La formación profesional se ha ido reformando continuamente en los últimos años. Esto obedece a que su institucionalización es el resultado de distintas tensiones sociales inestables. Las principales tensiones son las siguientes: si la formación debe realizarse en centros educativos u otros lugares, como las empresas; si debe planificarse según la demanda del alumnado o la oferta de las empresas; si debe tener más peso la formación reglada o la no reglada en torno a la selección del alumnado; y por último, cómo se puede mejorar el prestigio de un nivel educativo que prepara para profesiones de menor prestigio social que la universidad. Estas tensiones llevan a pensar que los equilibrios institucionales en torno a la formación profesional están condenados a ser precarios, y variarán conforme los distintos agentes sociales implicados tiendan hacia uno u otro polo.

Describir las tensiones y dinámicas sociales existentes en torno a la formación profesional (FP) que contribuyen a explicar su institucionalización en España, así como su reciente evolución.

Investigación Descriptiva // Cualitativa

Detalle: Metodología cualitativa, estudio teórico-descriptivo. 

• Fuentes Documentales.
• Estadísticas.

Detalle: Estadísticas del INE y de la EPA.

Revisión documental.

En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el nivel de estudios de la población residente en España, y como parte de este proceso, también la proporción titulada en FP. Este aumento no parece que haya supuesto una devaluación de las titulaciones, como muestra, por un lado, la constancia del nivel de competencias asociado al título educativo, y por otro, el buen desempeño de sus tasas de empleo. Esta mejora y este reconocimiento en el mercado de trabajo han estado acompañados por una serie de tensiones en torno a la FP que ayudan a entender su institucionalización y sucesivas reformas.

Estas tensiones se articulan en torno a varios polos. El primero de ellos es dónde tiene lugar la formación, si en centros educativos o en otros lugares. La evolución reciente en España consiste en dar más importancia a los centros de trabajo, bien mediante la formación dual, bien a través del reconocimiento de competencias por experiencia laboral. En este sentido, cabe destacar otro polo: si la formación debe ser reglada, controlada por el Estado, o no. Este polo se resuelve según las presiones corporativas de diferentes profesiones por buscar reconocimiento legal a sus competencias, así como por mecanismos de selección propios del mercado de trabajo, que escapan al control del Estado. Después, está la cuestión de la selección del alumnado, que plantea la pregunta de cuál es la función de la FP: si preparar para el mercado de trabajo o integrar socialmente a los estudiantes. Cuanto mayor sea la selección del alumnado, mayor será el prestigio de la FP, pero también será mayor la exclusión educativa, como pasó con la LOGSE, y posteriormente con la LOE. La LOMCE modifica esta situación al eliminar la selección, pero cabe esperar que devalúe socialmente el título de FPB. Y por último, está la cuestión del prestigio de la FP. Más allá de las cuestiones estrictamente educativas, se vincula a las ocupaciones para las que prepara. En la comparación global con la universidad, la FP siempre saldrá peor, pues el prestigio social de la profesión médica o de ingeniería es mayor que la de auxiliares de clínica o técnicos superiores. Esto no quita que si se mejora su atractivo educativo, puede atraerse más tanto a estudiantes como a empresarios. Posiblemente, todas estas tensiones son propias del campo de la FP, por lo que cabe esperar un equilibrio permanentemente inestable entre uno u otro polo, en función de los intereses de los distintos agentes implicados (alumnado; familias; profesorado; empresarios; autoridades educativas; otros agentes formadores, como ONG o empresas especializadas; etc.). Por tanto, solo cabe esperar insatisfacción permanente y reformas continuas en función de estos equilibrios de fuerzas.