Alberto Romero: Incertidumbres del profesorado ante el inicio del curso

Alberto Romero Docente FP Dinamizador Formación Profesional en Andalucía

El curso 2024-2025 supuso un punto de inflexión para la Formación Profesional en España. La entrada en vigor de la nueva ley de FP trajo consigo un marco normativo común para todo el territorio, con el objetivo de consolidar un modelo más flexible, dual y conectado con las necesidades del mercado laboral.

El profesorado vivió este primer año de implantación como un periodo de transición lleno de retos: adaptar programas, diseñar itinerarios, buscar empresas colaboradoras y, sobre todo, dar respuesta a un alumnado diverso que reclama calidad, oportunidades y acompañamiento en su proceso de aprendizaje.

Ahora, en el inicio del curso 2025-2026, la sensación es de continuidad en la construcción del modelo, pero también de persistencia en ciertas dudas e incertidumbres que condicionan el día a día de los equipos educativos.

Entre las principales inquietudes destacan: la escasez de plazas formativas en determinadas zonas, el peso creciente de la carga burocrática y la compleja articulación de la formación en empresa en la oferta parcial.

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1. Escasez de plazas formativas: un reto de adaptación territorial

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el profesorado es la dificultad para encontrar suficientes plazas de formación en empresas u organismos equiparados en algunos ciclos y territorios. No se trata tanto de la falta de empresas, sino de un desajuste entre la oferta formativa implantada en los centros educativos y el tejido productivo existente en el entorno.

Por ejemplo, en determinadas zonas se imparten ciclos que requieren de un sector empresarial que simplemente no tiene presencia en ese territorio, lo que obliga a desplazar al alumnado a lugares lejanos. Esto genera un obstáculo añadido, especialmente para estudiantes menores de edad o mayores que no disponen de carnet de conducir ni de acceso a un transporte público adecuado.

La solución pasa por una planificación estratégica: ajustar la oferta educativa a la realidad del entorno productivo y, a la vez, garantizar que la fase de formación en empresa pueda realizarse con la calidad necesaria. De este modo, se evitará que jóvenes y personas adultas se enfrenten a limitaciones logísticas que, en muchos casos, condicionan la continuidad de sus estudios.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el profesorado es la dificultad para encontrar suficientes plazas de formación en empresas u organismos equiparados en algunos ciclos y territorios. Este obstáculo no responde únicamente a una escasez de empresas o autónomos dispuestos a colaborar, sino más bien a un desajuste estructural entre la oferta formativa implantada en los centros educativos y el tejido productivo existente en el entorno inmediato. Dicho desajuste se traduce en una brecha entre la preparación académica que se ofrece y las posibilidades reales de inserción en un entorno laboral, lo que compromete la eficacia de la formación profesional y su conexión con el mercado laboral.

Por ejemplo, en determinadas zonas geográficas se ofertan ciclos formativos vinculados a sectores industriales o tecnológicos cuya presencia empresarial es prácticamente nula en ese territorio. Esta situación obliga a desplazar al alumnado hacia localidades alejadas o incluso a otras provincias, generando así un obstáculo adicional. Tal dificultad se intensifica en el caso de estudiantes menores de edad, que dependen en mayor medida del apoyo familiar, o en personas adultas que carecen de carnet de conducir y de un sistema de transporte público eficiente y accesible. El resultado es una experiencia formativa desigual, donde las oportunidades de aprendizaje dependen más de factores logísticos y socioeconómicos que de la motivación o la capacidad académica del alumnado.

La solución a este problema requiere de una planificación estratégica integral, que contemple tanto la adaptación de la oferta educativa a las necesidades y posibilidades del entorno productivo, como la búsqueda de mecanismos que garanticen la calidad de la fase de formación en empresas. Esta planificación debería basarse en diagnósticos periódicos del mercado laboral local y regional, así como en una coordinación estrecha entre administraciones públicas, centros educativos y tejido productivo. De este modo, se podrán evitar desequilibrios entre la formación impartida y la realidad laboral disponible, favoreciendo que el alumnado complete su itinerario con garantías de éxito.

Asimismo, es fundamental implementar medidas de apoyo complementarias, como convenios interterritoriales que permitan compartir plazas formativas en empresas, ayudas económicas para el transporte y alojamiento del alumnado desplazado antes de que finalice su formación, o el uso de nuevas tecnologías para simular entornos reales de trabajo en los que no existan suficientes empresas disponibles. Estas estrategias no sustituyen la experiencia directa en el entorno laboral, pero sí contribuyen a reducir las desigualdades de acceso y a garantizar que ningún estudiante vea limitada la continuidad de sus estudios por motivos ajenos a su desempeño académico.

En definitiva, la planificación educativa y la cooperación institucional resultan claves para equilibrar la formación profesional con las demandas del entorno productivo. Solo así se logrará que jóvenes y personas adultas puedan realizar su formación en alternancia en condiciones adecuadas, minimizando los condicionantes logísticos y socioeconómicos que hoy en día constituyen un obstáculo para la igualdad de oportunidades en el ámbito formativo.

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2. La carga burocrática: un esfuerzo invisible del profesorado

El segundo gran foco de incertidumbre para el profesorado es la carga burocrática que conlleva la gestión de la nueva formación profesional. A las labores propias de docencia, preparación de clases y evaluación de resultados de aprendizaje se suman una serie de tareas administrativas que, aunque necesarias, suponen un esfuerzo adicional de gran envergadura.

Entre ellas destacan la búsqueda de empresas colaboradoras, la elaboración y adaptación de programas formativos individualizados, la firma y seguimiento de convenios, la supervisión y acompañamiento del alumnado durante su estancia en las empresas u organismos equiparados, la evaluación de la fase en alternancia, así como la gestión de trámites asociados a la Seguridad Social o a otras normativas específicas.

La suma de estas responsabilidades configura un panorama complejo, donde el profesorado debe desempeñar simultáneamente funciones de formación, gestión y mediación institucional.

Este conjunto de tareas se ve agravado por un problema añadido: el tiempo asignado para su realización suele ser mínimo o, en ocasiones, inexistente dentro de la carga lectiva reconocida. En muchos centros, dichas gestiones se desarrollan fuera del horario laboral regulado, lo que genera una sensación de sobrecarga constante, resta energía al profesorado y, en algunos casos, desemboca en situaciones de desmotivación o incluso de dejadez de determinadas acciones clave.

La ausencia de un marco claro de reconocimiento y compensación horaria pone en riesgo la sostenibilidad del modelo, ya que la burocracia termina compitiendo con el tiempo que debería destinarse a la preparación pedagógica y al acompañamiento educativo.

Es cierto que en diversas comunidades autónomas se han implementado figuras que ejercen la prospección de empresas, dinamización o servir como personas de enlace, cuya labor resulta esencial para facilitar el contacto entre los centros educativos y el tejido productivo.

Estas figuras representan un recurso valioso, ya que descargan parte del peso de las gestiones más técnicas y permiten abrir nuevas oportunidades de colaboración. No obstante, su eficacia depende en gran medida de la capacidad de coordinación que exista con los equipos educativos responsables de los ciclos formativos en los diferentes centros educativos.

Son los docentes quienes mejor conocen las competencias profesionales que deben desarrollarse, las actividades formativas que resultan más pertinentes y las necesidades reales del alumnado en cada contexto.

Por tanto, el reto no consiste únicamente en contar con apoyo externo, sino en garantizar que dicho apoyo esté alineado con la realidad de cada centro educativo y se integre de manera orgánica en la dinámica de la práctica docente diaria.

Para ello, se requiere un modelo de trabajo colaborativo en el que las funciones estén claramente definidas, se establezcan canales de comunicación fluidos y se reconozca institucionalmente el tiempo invertido por el profesorado en estas tareas.

De lo contrario, la burocracia corre el riesgo de convertirse en un obstáculo que resta calidad a la enseñanza y limita el verdadero potencial de la formación profesional como vía de conexión entre la educación y el mercado laboral.

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3. La formación en empresa en la oferta parcial: un camino por definir

La tercera gran preocupación surge en relación con el alumnado que cursa sus estudios en oferta parcial, ya sea presencial, semipresencial o virtual. Este perfil de estudiantes presenta unas características singulares que lo diferencian del alumnado a tiempo completo, ya que en la mayoría de los casos está compuesto por personas que compatibilizan la formación con un empleo remunerado, con responsabilidades familiares o con situaciones personales que les obligan a avanzar en su itinerario formativo de manera más lenta y adaptada a sus circunstancias.

En este sentido, la flexibilidad de la oferta parcial constituye una oportunidad de acceso y permanencia en el sistema educativo, pero al mismo tiempo plantea desafíos significativos para la organización de formación en empresas u organismos equiparados.

El problema aparece en el momento de articular la fase de formación en empresa: ¿cómo integrar en un itinerario que, con frecuencia, combina módulos de primero y segundo, o que incluye un número reducido de módulos matriculados?

Esta fragmentación dificulta establecer una secuencia lógica entre la formación académica y la experiencia práctica, lo que se traduce en itinerarios poco homogéneos y de difícil planificación.

En la práctica, el profesorado se enfrenta a grupos muy heterogéneos, donde cada estudiante presenta una situación distinta en cuanto a disponibilidad, avance en el ciclo formativo y condiciones personales. Esta diversidad obliga a diseñar soluciones individualizadas, lo que incrementa de manera notable la complejidad de la gestión.

Aunque en algunos territorios se concedió una moratoria el pasado curso para flexibilizar este proceso, lo cierto es que la fase de formación en empresa constituye un requisito imprescindible y debe realizarse en condiciones que garanticen su calidad.

Si no se articula de forma adecuada, el alumnado puede llegar a percibir este requisito como un obstáculo difícil de superar, lo que genera frustración y aumenta el riesgo de abandono.

Además, esta situación repercute directamente sobre el profesorado, que debe asumir la carga adicional de diseñar programas formativos adaptados a cada caso, coordinar la disponibilidad horaria con las empresas colaboradoras y atender situaciones diversas relacionadas con la conciliación laboral y familiar.

El desafío, por tanto, consiste en encontrar fórmulas flexibles que permitan cumplir con la normativa vigente sin perder de vista la finalidad esencial: que el alumnado adquiera competencias profesionales reales, significativas y transferibles al mercado de trabajo.

Para ello, resulta fundamental explorar estrategias innovadoras como la posibilidad de realizar la formación en empresa en períodos no lectivos, establecer convenios adaptados a la oferta parcial, promover la implicación de empresas con horarios más versátiles o desarrollar experiencias de simulación profesional en entornos virtuales que complementen la formación en un entorno real simulado.

Estas medidas, combinadas con un marco organizativo claro y con el reconocimiento institucional del esfuerzo docente, pueden contribuir a transformar lo que hoy se percibe como un obstáculo en una oportunidad para ampliar el acceso a una formación profesional de calidad.

La nueva formación profesional necesita del compromiso de todos los agentes implicados, pero especialmente de quienes están en primera línea: los y las docentes.

Escuchar sus dudas, reconocer sus esfuerzos y ofrecer apoyos eficaces será clave para que el curso 2025/2026 se convierta en un un paso firme hacia la consolidación de un sistema de Formación Profesional de futuro.